Toda minería a cielo abierto utiliza una técnica que conlleva a la destrucción y agotamiento de los ecosistemas del planeta. La eliminación de la capa boscosa, la destrucción de los suelos, la contaminación de las aguas superficiales y freáticas, la división en las comunidades, el soborno a funcionarios, la amenaza, el chantaje y la violación de leyes y derechos forman parte de las acciones rutinarias con las que se desenvuelve la minería a cielo abierto en muchas partes del mundo.
Las trasnacionales contaminan el ecosistema en Panamá
La Minera Petaquilla (hoy denominada Minera Panamá) desarrolla sus actividades en Molejón, en el distrito de Donoso, provincia de Colón en Panamá. Su Presidente y Director Ejecutivo Richard Fifec de Petaquilla Minerals Ltd. y las empresas canadienses Teck Cominco e Inmet Mining, Stratego Comunications (la “empresa que maneja la relaciones públicas de Minera Panamá”) son claves en este proyecto de exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto.
Toda minería a cielo abierto, como ocurre en el caso de Minera Petaquilla, utiliza una técnica que conlleva a la destrucción y agotamiento de los ecosistemas del planeta. La eliminación de la capa boscosa, la destrucción de los suelos, la contaminación de las aguas superficiales y freáticas, la división en las comunidades, el soborno a funcionarios, la amenaza, el chantaje y la violación de leyes y derechos forman parte de las acciones rutinarias con las que se desenvuelve la minería a cielo abierto en muchas partes del mundo.
La contaminación de las aguas ha causado zozobra en las comunidades que, de la noche a la mañana, han visto desmejorada todas sus condiciones de vida. Los intrusos de Minera Petaquilla no han respetado ni leyes ni los derechos básicos de las personas que allí habitan.
Las denuncias presentadas ante la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y ante la Embajada de Canadá en Panamá por miembros de comunidades indígenas y campesinas del área son de una gravedad extrema que sitúa a los promotores e inversionistas de Minera Petaquilla como los primeros responsables del desastre ambiental y humano que se está causando en la zona.
La ANAM, sancionó a la empresa con un millón 934 mil 694 dólares. De esta cifra, un millón de dólares corresponde a una multa, y el resto al pago en concepto de compensación ambiental por los daños al ecosistema.
De acuerdo con la resolución de la ANAM, por la cual emite la sanción, la empresa Petaquilla Gold afectó zonas de Cerro Petaquilla y de los ríos Molejones, San Juan y Turbe. Las afectaciones incluyen la tala de más de 50 hectáreas de árboles y la extracción de minerales no metálicos.
Todo esto sin la aplicación de medidas de mitigación, lo que ocasionó daños ambientales como erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y desmejoramiento de la calidad de las aguas, señala la resolución
Día en que (ANAM) aprueba el proyecto
El pasado viernes, 28 de noviembre, fue el día que las Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) aprobara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Petaquilla Gold (de Richard Fifer, Julio Benedetti y otros). Dicha empresa no tenía un Estudio de Impacto Ambiental, ni perspectivas de aprobación inmediata, ni fueron consultadas las comunidades afectadas y aún menos obtenida su aprobación, como manda la ley. ¿Se aprobaron los requisitos legales del EIA?
Pocos días antes, la misma ANAM había multado y decretado sanción por dos millones de balboas contra Petaquilla Gold, precisamente por carecer de Estudio de Impacto Ambiental y haber devastado el sistema ecológico del área, inserta en el Corredor Biológico Mesoamericano. La ANAM, conjuntamente con la multa, decretó la suspensión de todas las compañías integradas a Minera Petaquilla o Minera Panamá.
Petaquilla Gold no había pagado la multa y sanción al momento de darse por aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como también hizo caso omiso de la orden de suspensión y continuó laborando, en burla a la ANAM y como afrenta y desafío a las comunidades indígenas y campesinas.
La actitud contradictoria y nada ética del gobierno no puede explicarse sino en presencia de una profunda corrupción a los más altos niveles del Estado que favorece a las empresas extranjeras trasnacionales, dicha conducta demuestra hasta qué punto el presidente Martín Torrijos y Ligia Castro, administradora de ANAM, están dispuestos a ir en contra de las comunidades en clara demostración de que en Panamá definitivamente no impera ningún estado de derecho y que la ley se ha convertido en una mercancía más, en donde el afán de lucro es capaz de legalizar los más abominables delitos ecológicos y de lesa humanidad.
